Ernesto Cedeño: El uso de la justicia políticamente se cierne sobre Panamá

El diputado independiente por el Movimiento Otro Camino (Moca) y otros diputados pidieron al presidente, José Raúl Mulino, abrir un espacio de debate sobre la polémica Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). A más de un mes de protestas y huelga, Ernesto Cedeño, dice que “no está reculando” al ser uno de los 48 diputados que aprobó la normativa y que la iniciativa pretende traer sosiego al país. Habla de la intensión del Ejecutivo de reabrir la mina sin pasar por la Asamblea y expresa dudas de los procesos que avanzan contra dirigentes en huelga y la posible “politización” de la justicia en medio de la crisis. “Lo que no ha caído muy bien en la población es que al señor Jaime Caballero se le imputen cargos por blanqueo y lo tengan en un reclusorio, pero a otro que ha sido condenado por blanqueo, el caso de Ricardo Martinelli (...) está chupando de lo más bien allá en Bogotá”, sostuvo el diputado en este episodio de El Polígrafo de La Estrella de Panamá.

Es un documento que firmamos los diputados Grace Hernández, José Pérez Barboni, Betzerai Richard, Manuel Cheng y este servidor. Presentamos la posibilidad de que se abra el diálogo. La ley era necesaria para el país, pero puede mejorarse.

No, ningún mea culpa. Te puedo sustentar que leí toda la norma, no fue el instrumento que salió del Ejecutivo, que tenía cualquier cantidad de cosas inexactas, aumento de edad de jubilación y otros puntos, [la ley] fue una reingeniería que hizo la Asamblea (...) además he visto inexactitudes de algunos protestantes sobre la norma, pero yo tengo que sentarme a escuchar qué están reclamando y aclarar conceptos. Si ese protestante me da otra visión mejor de la que yo aprobé, y yo me reitero que creo que era necesaria la ley que se aprobó, ¿por qué no aceptar esa propuesta si es viable y sustentable?, no estoy reculando. Hay que conversar con la gente porque esto está causando desasosiego y no permite la producción de la economía. Además, no podía patear la pelota con la CSS.

El presidente dijo eso, recuerda que palabras más, palabras menos, habló de que el gobierno manda y si se equivoca vuelve a mandar, o sea, un estilo draconiano de gestión que es un error. Nosotros promulgamos una ley, hicimos lo correcto, pero aun así podemos abrir la discusión con una propuesta mejor que nos permita traer sosiego. Además, el presidente ganó con una mayoría minoritaria, un 34%, tampoco es que tuvo el apoyo mayoritario. Pero aun si hubiera recibido el 95% de apoyo, tener un discurso incendiario en el que retas a la población a decir que las cosas “van porque van”, puede que haga que otras personas que no rechazan la ley, se sumen a la manifestación. El presidente abrió el compás para discutir la ley de las bananeras, también puede hacerlo con un diálogo.

No pueden decir eso. El Ejecutivo planteaba aumento de edad de jubilación y no se incluyó. Los protestantes plantearon que no querían reelección de la junta directiva y tampoco hay. Había algunas propuestas dentro de los ingresos de la CSS de eliminar los contratos-ley, eso es inconstitucional. La imprescriptibilidad de la deuda de los patronos fue una propuesta de Conato, que yo respaldé, el tema es que no fue avalada por los diputados, recibió tres votos. También es un asunto democrático en la Asamblea, así son las cosas.

El presidente creía en una ley con jubilaciones a los 65 años y no terminó así. También creo que no se puede hablar de aplanadora. Él tiene al partido RM (Realizando Metas), que tiene varios bandos: los que responden a Ricardo Martinelli y otros son mulinistas, pero ninguno está unificado. A la Asamblea llegó un proyecto y no salió como lo quería el Ejecutivo. Tú tienes que convencer y a veces el asunto no convence

Se puede suspender la ley provisionalmente, hay antecedentes de algunas normas en conflicto y retrotraigo la Ley 51 de 2005, acto seguido puede modificar la norma. También podría derogarse, pero también tienes que establecer la norma que lo suplante. Lo que no puedes es derogar sin más.

Tengo que esperar cuál es el acto administrativo que pueda expedir el presidente para explotar la mina, entonces lo analizaré. No hay nada que impida, desde el punto de vista constitucional que el Estado, con empresas estatales, explote la mina. La Constitución permite la explotación de minería por el Estado sin dárselo a un tercero, por lo tanto no debe necesariamente ir a la Asamblea, pero hay normas que deben honrar. Por ejemplo, la Ley 6 del 2002 te dice que se debe hacer una consulta pública si se va a afectar a una comunidad. Además, debe cumplir con otras normas ambientales. Lo que no puede hacer es ser un Nicolás Maduro o un Daniel Ortega, y decir esto va sí o sí. Yo estoy en contra de la minería metálica, pero no soy anarquista.

Yo tengo mi personal apología en la manera en la que el Suntracs (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares) protesta y sus inexactitudes de la Ley 462, pero me preocupa lo que está pasando con Jaime Caballero. Yo escuché y vi la audiencia, el señor fiscal planteaba que Caballero había recibido supuestamente dinero del Suntracs para beneficios particulares de un familiar. Si esto es el caso, podría ser una supuesta apropiación indebida, pero para eso se requiere de instancia del afectado, requería de la denuncia de la gente del Suntracs y no es el caso, hablan de blanqueo de capitales. Salvo que existiera algún tema que el fiscal no expuso y que está en reserva, pero en la imputación de cargo todo debía salir a la luz. Solamente el fiscal y los abogados del caso leen el expediente, pero en cuanto a la imputación de cargos, como procesalista que soy, me parece que no le encuadraba la figura de blanqueo a Caballero. (...) puede que hoy haya otras dudas de dónde vino esos dineros y la imputación de cargos, sean a otro que recibió de la dirigencia y lo llevó a otros fines, a esos se les podría imputar cargos. También me genera dudas la medida draconiana de detención provisional que tiene ese señor; entiendo que lo van a apelar. No meto en la mano en el fuego por él ni por nadie, pero hasta el momento de la imputación de cargo no me convenció.

Tras la cancelación de la cooperativa de Suntracs ellos hablan de persecución, yo trato de no relacionarlo porque es el mismo discurso de Martinelli. Pero lo dicho por el presidente, de que va a reducirlos a su mínima expresión, si no hay norma jurídica, es preocupante. No debemos motivar a que la gente piense que hay persecución. Panamá debe superar esa etapa, eso no significa inmunidad para nadie, son cosas que deben manejarse con pinzas. El Grupo Editorial GESE sufrió señalamientos que luego no quedaron en nada, en eso estoy en desacuerdo. Hay cosas que tú debes manejar con pinza y permitir que el sistema de justicia autónomamente actúe sin tener que estar adelantando algún tipo de comentario que pudo haber llegado por la Unidad de Análisis Financiero u otros lados, que permitiría extraer teorías de que la justicia se dicta desde el Palacio de la Garza y si se le enfilan contra los grupos que protestan. ¿Ahora vamos a acabar con esa organización porque no me gusta como protesta? Hay elementos que pudieran traer a colación de que quieren desaparecer el Suntracs. No comparto ideas ni métodos con ellos, pero eso no me parece en un Estado de derecho, que ese sea el talante o el discurso.

Si alguien cometió alguna ilicitud, si fuese el caso, que el sistema de justicia haga su papel, que se le respete las garantías. Así como tú tratas a uno del punto de vista procesal, debes tratar al otro. Lo que no ha caído muy bien en la población es que al señor Caballero le imputes cargos por blanqueo y lo tenga en un reclusorio, pero a otro que es condenado por blanqueo, el caso de Martinelli (...) está chupando de lo más bien allá en Bogotá y cantando sigo siendo el rey. Es como que hay una risa para la población diciéndole: si tú tienes una condición específica y con sentencia firme, tienes otro estatus procesal. Pero al otro que ha sido procesado y es del pueblo, y no estoy inculpando ni exculpando a nadie, pero a ese otro lo tienes en otra condición. Estas cosas no cuadran en la población y te sacan la hipótesis de que hay un tipo de persecución. No debe haber fueros ni privilegios para nadie. Así como se trata uno, el otro debe ser tratado.

Ese peligro se cierne sobre Panamá. Yo hablé con el procurador de la Nación [Luis Gómez] cuando le di mi voto para ratificarlo. Le dije que hay que depurar el sistema de justicia en cuanto a los fiscales y eso se hace por concurso de mérito; él me aseguró que lo iba a hacer. Los procuradores llegan y no permiten que haya concurso de mérito, los fiscales son de a dedo y ante un telefonazo del que manda, pueden sucumbir a ejecutar algunas acciones. Él debe depurar y profesionalizar el Ministerio Público. Si tú tienes fiscales que están nombrados literal de a dedo, yo puedo mandar un mensaje: “haz esto” porque viene del Palacio de Las Garzas. Ese fue el caso de Juan Carlos Varela y el manejo con Kenia Porcell. No puede ser que, porque tengo una batería de abogados o contactos con Mulino, yo voy a sortear la justicia. Yo sí creo que hay un olor, un aroma de que eso está pasando ahorita mismo. Como defensor de la democracia, no quiero el anarquismo, pero tampoco la discriminación ante la justicia.